Hace dos semanas el Gobierno de Aragón trajo a las Cortes una modificación del presupuesto de 31 millones de euros para salarios (unos 25 millones) y gastos de mantenimiento en la educación privada-concertada (unos 6 millones de euros). A diferencia de otras ocasiones, este dinero no provenía de detraer otras partidas importantes (recordemos, el año pasado, las relativas a mantenimiento de centros públicos o ayudas escolares), sino que se correspondía con ingresos extraordinarios y de partidas mal presupuestadas, como ya había advertido Podemos desde mayo.
El gobierno de Lambán, además, en una tónica a la que nos tiene acostumbrados desde hace meses, proponía esta modificación sin haber hablado previamente con ningún grupo parlamentario, obviando que cuenta solo con el apoyo de 20 diputados (18 del PSOE y 2 de CHA). En ese momento, por la chapuza y la soberbia del gobierno, Podemos votó en contra de la modificación presupuestaria (al igual que hizo, por ejemplo, el PP), si bien advertimos que la irresponsabilidad del gobierno no podía implicar que se pusieran en riesgo las nóminas de los y las docentes de la concertada, rehenes en este caso del culebrón de verano que intentan escenificar PP y PSOE.
Por supuesto, con un gobierno sin rumbo y que solo hace política que cuestiona los privilegios de la patronal de la concertada cuando se ve aislado en la Cámara, no podíamos sentarnos a hablar sobre un cambio de voto de esta modificación presupuestaria si no hablábamos también de modelo educativo y de cómo atajar estos privilegios. El planteamiento que hemos hecho es que no puede ser que se pongan en peligro los salarios de los profesores, que siga habiendo abusos con el cobro de cuotas ilegales o que los comedores de la concertada sean hasta 50 euros al mes más caros que en la pública. No puede ser que, en estas condiciones, el gobierno tenga además la cara dura de exigir responsabilidad a otros grupos.
Por todo ello, fruto de las conversaciones de los últimos días, hemos alcanzado el compromiso del grupo socialista para la puesta en marcha de tres medidas:
- Creación de una oficina pública, dependiente de la consejería de Educación, donde se pueda dar trámite a las solicitudes de escolarización del alumnado (y no solo en los centros educativos), así como las quejas y denuncias sobre irregularidades que pudieran darse en los centros privados con financiación pública.
- Campaña de información a las familias sobre la obligación de gratuidad en los centros privados concertados sostenidos con fondos públicos.
- Limitar el coste máximo de los comedores escolares en los centros concertados a un 20% sobre el costo, tomando como referencia la licitación del servicio de comedor de los centros públicos.
El cambio en el sentido de voto (de «no» a «abstención») se ha dado -hoy en la Comisión de Hacienda de las Cortes- porque hemos alcanzado un compromiso tangible para seguir desmontando los privilegios de la patronal de la concertada, unos privilegios que se construyen con dinero público y a costa de los y las trabajadoras y de las familias. El modelo educativo al que aspiramos se construye desmontando estos privilegios al tiempo que empatizamos con los trabajadores y las familias rehenes del culebrón del bipartidismo y de los intereses de la patronal.
