Séptima sesión de la Comisión de Investigación del PASD

Esta séptima sesión de la Comisión de Investigación del PASD tuvo como comparecientes a algunas de las personas que forjaron el plan, redactaron el convenio y fueron los responsables políticos de la fallida construcción de depuradoras en Aragón.

 

El primer compareciente fue Alfredo Boné, miembro del PAR y consejero de Medio Ambiente entre 2002 y 2011.

La clave de su intervención fue el rifirrafe con la diputada de Podemos, que mostró un gráfico en el que dejaba claro que el reparto de dinero para el PASD fue muy desigual. Las localidades gobernadas por el PAR recibieron más dinero por habitante que otras. Boné lo negó negó, visiblemente enfadado, y tildó la afirmación de “sesgada”.

Antes, aseguró que durante su etapa en Gobierno hubo una intensa actividad institucional relacionada con el agua.

Recordó que los objetivos marcados por la Directiva Europea eran muy rigurosos y había que cumplirlos. El Gobierno de Aragón tenía que construir 131 depuradoras; según dijo, necesitaría 30 años si lo hacían a través de fondos propios, del Instituto Aragonés del Agua. Dijo que era difícil aumentar la deuda para financiar desde la DGA y por eso se decidió desde la Consejería realizar los proyectos a través de la concesión a empresas privadas.

Boné presumió de forma contundente de que en 2008, en el Plan del Pirineo, dijo a la ministra Narbona que el dinero otorgado para construir las depuradoras del Pirineo (no adjudicadas todavía) iban a ser construidas por el mismo sistema, y que destinarían ese dinero a otros conceptos. Es decir, Boné rechazó la liquidez y prefirió mantener el sistema de concesión de obra pública, «de forma que fuera atractiva para las empresas». Ese dinero es el que luego repartieron sin convocatoria pública, desde el IAA, favoreciendo a los ayuntamientos del PAR.

Todos los retrasos en el inicio de la construcción, dijo, fue porque los pliegos de condiciones pasaron por intervención y se añadió lo que pedía.

En su opinión, no hay no hay que depurar responsabilidades y sólo le preocupa el futuro de las depuradoras, Aunque también asumió que lleva trabajando en la empresa privada hace años, en temas muy diferentes, y no ha estado atento al tema en los últimos años.

Boné aseguró que todo el gobierno, con el presidente Marcelino Iglesias a la cabeza, y el resto de grupos en las Cortes de Aragón, apoyó el PASD y el modelo concesional. Nombró de manera repetitiva a Marcelino Iglesias, del que aseveró estuvo al tanto de todas las decisiones como presidente del Gobierno de Aragón; y admitió que él mismo, como Consejero del rango, no conocía algunas decisiones que se tomaron en el seno del IAA o de Sodemasa.

También contradijo testimonios anteriores, como su relación con la CHE o la disponibilidad de la misma a afrontar la depuración de las zonas vulnerables o de Interés General.

Además, dijo no saber el motivo de que Aragón fuera la única comunidad en toda España en utilizar el modelo concesional. Sin embargo, esto se contradice con sus propias palabras, de que fue él quien cambió el modelo del convenio marco redactado por el Ministerio para incluir el sistema concesional como sistema de construcción de las depuradoras del Pirineo.

Respecto a las presiones que diversos ayuntamientos han denunciado, dijo que los propios ayuntamientos se excluían del plan, al no querer firmar el convenio. En realidad, la exclusión se realizaba por carta firmada por el Director del IAA, Alfredo Caja (cartas que han sido aportadas a la Comisión), sin que los ayuntamientos manifestaran su salida del Plan ¿Son castigados los ayuntamientos que no firman el convenio? Dijo desconocerlo y desde la comisión de investigación se le dio cifras de quiénes recibían ayudas y a quienes se le negaron.

Otro tema clave fue el papel de Sodemasa en el PASD. Boné aseguró que el IAA no tenía capacidad humana para llevar a cabo el plan y por eso se derivó a Sodemasa, una empresa de reciente creación, con menos de 10 trabajadores. Asumió que fue una decisión política, «para ganar en flexibilidad porque era más fácil contratar a la gente, que los trámites en la administración son muy complejos».

Más allá de la construcción de depuradoras, el PASD otorgó ayudas a localidades aragonesas, no mediante convocatoria pública sino que los Ayuntamientos acudían al IAA y pedían dinero. Se dieron más de 600 subvenciones, a criterio del IAA, dirigido por Alfredo Cajal, miembro del PAR.

Podemos recordó que el diputado del PP Antonio Torres aseguró en una sesión anterior que Sariñena, localidad de la que era alcalde, logró más dinero tras una negociación con el propio Boné. Éste lo negó y dijo que lo derivó al IAA y a los cauces habituales. “Yo no repartía el dinero”, dijo.

La comparecencia terminó en un tono bronco, cuando Podemos demostró que los pueblos gobernados por el PAR recibían más dinero por habitante que otros. Boné respondió que era una forma sesgada de ver los datos, pero no aportó contraargumento alguno..

 

Después fue el turno de Luis Marruedo, viceconsejero de Medio Ambiente y miembro del PAR.

Centró su intervención en los costes del PASD y aseguró que no se ha hecho una comparativa seria entre el modelo concesional y el modelo público. Desconoce si es más barato el modelo concesional.

¿Por qué, entonces, se escogió este sistema, si el modelo tradicional no daba problemas y había financiación? Según dijo, porque esto permitía adelantar las actuaciones de abastecimiento y saneamiento. Sin embargo, más de una década después Aragón sigue sin tener el plan de depuradoras completado.

Marruedo también detalló las funciones del Instituto Aragonés del Agua y de Sodemasa. Según dijo, el IAA se encargaba del diseño de planes de saneamiento, que eran delegados por parte de los ayuntamientos; mientras, Sodemasa ejecutaba el plan y aportaba flexibilidad.

Reconoció que se barajaron varias opciones, pero finalmente la decisión de externalizar la ejecución a Sodemasa fue una decisión política.

Sodemasa redactó el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con IAA y la Consejería, pese a que hay personal apto en la Consejería y que pertenece directamente al Gobierno de Aragón. Este convenio es diferente al firmado por otras Comunidades Autónomas, en estructura y forma. El convenio marco que del Ministerio fue cambiado (por las negociaciones explicadas por el Consejero Boné para poder usar ese dinero para otras cosas), pero no se modificó por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón o de la Consejería, sino que se realiza por personal de Sodemasa (mediante encomienda de gestión desde el IAA).

En ese momento inicial, Sodemasa no tiene personal. Y argumentó que era más sencillo introducir personal en Sodemasa que en el IAA. Después, Sodemasa externalizó el 65% de la encomienda de gestión.

Es decir: Europa da dinero para construir depuradoras, Madrid ofrece un convenio a las Comunidades para que las construyan, el Gobierno de Aragón encarga la tarea al Instituto Aragonés del Agua, éste externaliza la ejecución a Sodemasa y Sodemasa contrata a empresas para que realicen los anteproyectos y los proyectos.

 

Una de las comparecencias más esperadas era la de la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE.

Recordó que firmó el convenio con Aragón poco antes de dejar el Gobierno. Al llegar al Ministerio, dijo, en Aragón había depuradora en Zaragoza y con ella se cubría la mayor parte de los habitantes, de la contaminación urbana. Pero Europa exigía más territorio, en especial, aquellos lugares declarados de Interés General, como las cabeceras de ríos pirenaicos, competencia del Estado. Por eso ofrecieron el dinero (al 100%) para que las ejecutáramos desde Aragón..

Respecto al sistema escogido, dijo que ha visto concesiones ruinosas para el interés público y otras que no han supuesto efectos negativos. Pero desde el Ministerio no entraban en la forma en que la comunidad llevaba a cabo las obras.

El convenio y los anexos cambiados en Aragón anexos tuvieron su espacio en la comparecencia. El primer anexo se refiere a las localidades de interés general y el cuarto permite a las CCAA destinar dinero a otras actuaciones. Pero siempre, recalcó Narbona, que se haya cumplido con el primer anexo, que obliga a construir depuradoras.

Narbona recordó que la DGA se comprometió a construir las depuradoras que aparecían en el convenio. Pero no se ha cumplido. Lo recalcó y dijo que el convenio no deja lugar a dudas:”las obras tenían que hacerse sí o sí”. Y no se hicieron.

Para terminar, señaló quee todo lo que se hizo mal no tiene que ver con el convenio, sino con la gestión del Gobierno de Aragón.

 

Antonio Serrano Rodríguez, secretario general de Territorio y Biodiversidad bajo el gobierno de Zapatero, fue el siguiente en intervenir.

Recordó que el objetivo del convenio es triple: mejorar la calidad de las aguas, cumplir con directiva europea y recuperar los costes de las inversiones mediante un canon. Un canon que responde al complimiento del principio de «recuperación de costes» y no al de «quien contamina paga», como intentan defender algunos grupos políticos. A este segundo responde el Canon de Vertidos de la CHE.

Señaló que el convenio no excluye otro sistema de contratación. Podía ser modificado si se comprobaba que el sistema de gestión concesional no funcionaba. Pero no fue modificado, pese a todos los retrasos e incumplimientos.

En la misma línea que Narbona, recordó que el anexo 1 correspondía a obras de interés genera; el segundo y tercero se cambiaron en Aragón. El anexo 4 fue incluido para poder gastar en otras cosas. Siempre que esas obras de interés general estuvieran cumplidas (siempre que las depuradoras estuvieran construidas), se podía gastar dinero en otras materias. Pero en Aragón no fue así.

El PAR trató de demostrar que el anexo 4 era igual de importante que el resto, pero Serrano lo negó. Sin los otros 3, que marcaban las obras de interés general, el Ministerio no hubiera firmado.

 

Continuó la comisión Josep Puxeu, ex secretario de Estado de Medio Rural y Agua. Los anexos fueron de nuevo protagonistas y dijo que el Gobierno podía haber destinado dinero del anexo 4 para poner agua corriente u obras de abastecimiento en localidades del Pirineo, pero prefirieron invertir en otras actuaciones.

Europa presionaba, dijo, para cumplir con la directiva marco. Y el Ministerio trasladaba esta presión a las CCAA. Pese a la crisis y los retrasos, dijo, el Ministerio respetó las competencias de las comunidades y no intervino en ninguna obra.

Recordó que el convenio permitía cambios en el modelo de ejecución si se retrasaban las obras, pero DGA nunca solicitó modificación alguna.

 

La comparecencia de Xavier de Pedro, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro entre 2012 y 2015, demostró que la CHE no cumplió con su función.

El convenio dejaba claro que la CHE debía velar por el cumplimiento del convenio y la ejecución de las obras en los plazos adecuados; pero de Pedro dijo que la CHE hacía “apoyo técnico”, sin explicar del todo lo que eso implicaba.

Dijo que se hizo seguimiento de los procesos de construcción, pero muy por encima.

 

La sesión terminó con la comparecencia de Modesto Lobón, antiguo miembro del PAR y consejero de Medio Ambiente bajo el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi.

Dijo que quiso llevar a cabo el PASD porque lo consideraba bueno, al igual que el sistema de concesión.

Cuando hubo retrasos e incumplimientos, prefirió negociar con las empresas, en lugar de rescindir el contrato.

Lobón se refirió a la escasez de financiación y recuperó el argumento de explicado en una sesión anterior por el Director del IAA, Alfredo Cajal. Éste le dijo que el Banco Europeo de Inversiones negó la financiación debido a la “contestación social” en Aragón. Se le recordó que Aragón no cumplía con la normativa medioambiental y esa fue la verdadera razón de negar el crédito. Se le leyó el correo electrónico enviado por el mismo BEI y Lobón dijo que no sabía nada de eso, para después contradecirse y decir que desde la consejería se envió un correo al BEI diciendo que Aragón sí cumplia con la normativa medioambiental.

Aseguró que se planteó hacer “todo lo posible” para que el PASD continuara y se construyeran las depuradoras. Pero admitió no se plantearon rescindir contratos.

Sobre el ICA, dijo que su Consejería llevó una ardua negociación con el Ayuntamiento de Zaragoza, entonces gobernado por PSOE. Pero no consiguieron que el Ayuntamiento avanzara. Sólo llegaron a un acuerdo en una reunión, ratificado únicamente por el Gobierno de Aragón en el Consejo de Gobierno; el Ayuntamiento nunca lo ratificó.

En esas negociaciones con el entonces consejero de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Gimeno, se planteó siempre una pequeña aportación a sumar a la tasa municipal, sin superar nunca el precio que pagaba cualquier otro aragonés por medio del Canon de Saneamiento; a cambio, se realizaban inversiones anuales en las instalaciones municipales de Zaragoza. Además, entre 2013 y 2016 debería el Ayuntamiento hacer una serie de pagos al Gobierno de Aragón, por lo que se eximía de pago a los zaragozanos del Canon, pero esos pagos no los realizó el Consejero Gimeno.

Modesto Lobón dejó antes de irse listos varios contratos, adjudicaciones de zona 10, Utebo…y la externalizacción del cobro del ICA. No se planteó que se cobrara por parte de los servicios públicos de recaudación del Gobierno de Aragón. Fernando Gimeno, entonces en el Ayuntamiento de Zaragoza, criticó el ICA. Ahora lo defiende y su primera medida en 2015 fue precisamente firmar la externalización del cobro del impuesto.