Desde este verano hemos asistido a las protestas de los trabajadores y trabajadoras del sector del taxi, que denuncian la competencia desleal de los vehículos de Uber y Cabify y exigen una regulación adecuada y actualizada a los nuevos tiempos.
Lo que los taxistas están pidiendo son fundamentalmente dos cosas: por una parte, una regulación que los proteja ante el aterrizaje de multinacionales que tributan en paraísos fiscales y que permiten el ‘dumping social’; y por otra, una modernización del sector que les permita dar un servicio adecuado a los tiempos actuales, ya que denuncian que la actual regulación les impide adaptarse al presente.
Para centrar el debate aclaremos que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que dice que las empresas como Uber deben ser consideradas una compañía de transporte y por tanto sujeta a licencias y autorizaciones. Esa es la razón por la que en España operan con este licencias VTC.
Tras la disputa entre el sector del taxi y los que operan con licencia VTC hay un debate político en torno al modelo de movilidad que necesitamos en las ciudades en el s. XXI y que requiere de una regulación que garantice los derechos laborales y la fiscalidad de quien quiera entrar al mercado sin que ello implique terminar con la flota municipal. Es decir, defendemos que esta regulación se haga defendiendo los intereses y de los derechos de los trabajadores, no en defensa de los intereses de los buitres financieros y de empresas cuyo modelo solo sirve para precarizar y degradar nuestros servicios públicos y nuestras vidas
Porque lo más preocupante de esta situación, y por lo cual el conflicto del taxi nos debería de preocupar a todos y todas aunque no seamos taxistas e incluso no seamos usuarios o usuarias del taxi, es que bajo el mantra de la libre competencia, capaz de ofrecernos una alternativa más moderna y barata, se nos trata de implementar un nuevo paradigma laboral que impone un nuevo contrato social: precariedad, inseguridad, ingresos discontinuos y sin derechos laborales. Un nuevo modelo conocido como la “uberización” de la economía.
A estas alturas ya sabemos de sobra que las grandes multinacionales no aceptan la libre competencia: sino que llegan, logran instalarse gracias a la precariedad que impone a sus conductores y a sus arquitecturas fiscales que les permiten pagar ínfimos impuestos, y finalmente tuercen la regulación y se quedan con todo el mercado. Así ha sucedido ya en Nueva York o Los Ángeles, donde han barrido el sector del taxi hasta hacerlo desaparecer. No podemos permitir que en España suceda lo mismo.
