Miles de personas recurren a plataformas como Airbnb para acceder a un alquiler vacacional a un precio económico. Pero, ¿somos conscientes del impacto de estas plataformas en el precio del alquiler? ¿Somos conscientes del impacto social que generan?
Vivimos tiempos en los que la tecnología avanza a pasos agigantados desbordando a instituciones, ordenamientos y normativas vigentes y, en este caso, también barrios, ciudades y comarcas. La falta de regulación en el mercado del alquiler turístico no es una casualidad sino que es consecuencia de la decisión del Gobierno de Rajoy de excluir las viviendas turísticas de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013. Una no-casualidad que se ha convertido en un camino de rosas para Airbnb.
La cara b de esta plataforma, que crece desmesuradamente y absorbe viviendas para destinarlas al alquiler vacacional, es el aumento del precio del alquiler. Un aumento, fruto de la desregulación del mercado, que se convierte en una barrera de acceso a la vivienda y en una ola que expulsa a la ciudadanía de sus territorios.
En España la oferta de vivienda turística en plataformas digitales ya supera a la oferta de vivienda turística legal. Ciudades como Madrid, Barcelona o Ibiza, víctimas de la desregulación y de la subida del precio del alquiler, están sumidas en un proceso de gentrificación que expulsa a la ciudadanía autóctona para poner viviendas y barrios al servicio del turismo. Afortunadamente la situación de Aragón no es comparable a la de ninguna de estas ciudades, pero debemos estar vigilantes, pues ya se aprecian algunos índices de saturación de viviendas Airbnb en dos de los principales destinos turísticos de Aragón: las comarcas de La Ribagorza y el Alto Gállego.
El desarrollo inmobiliario insostenido ligado al turismo puede convertirse en un cóctel explosivo para los territorios despoblados, dispersos y envejecidos como el nuestro. Una combinación que, como único motor de desarrollo económico, ya generó afecciones en municipios de las comarcas arriba mencionadas: ayuntamientos sobreendeudados, existencia de urbanizaciones fantasma, y un aumento del precio del alquiler que se convirtió en una barrera para poder acceder a un derecho como es la vivienda. Un modelo de gestión que quedó paralizado durante el periodo más duro de la crisis pero que la reactivación económica, la desregulación del mercado del alquiler y el auge de Airbnb están volviendo a impulsar.
No podemos permitir que un modelo de desarrollo económico al servicio de los más poderosos expulse a la ciudadanía, especialmente a la más joven, de sus pueblos y ciudades obligándola a trasladarse a otros municipios para poder desarrollar su proyecto vital en una vivienda digna a un precio de alquiler digno.
Necesitamos el compromiso de los Gobiernos para regularizar el mercado del alquiler y poder establecer mecanismos de control que empoderen a los ayuntamientos frente al auge de plataformas como Airbnb y a su amenaza para nuestros pueblos y ciudades. Necesitamos que se intensifique la inspección pública para aumentar el control sobre las viviendas Airbnb y que se inscriban en el registro oficial de vivienda turística.
Esta plataforma web ya ha recibido toques de atención por parte de la Comisión Europea, ahora toca que las administraciones públicas españolas muevan ficha, tal y como han hecho ciudades europeas como Berlín o Amsterdam. Somos conscientes de que la situación de Aragón no es la de Canarias, ni la de Sallent de Gállego es la de Barcelona, pero debemos estar vigilantes y no mirar para otro lado ante esta amenaza para los territorios que puede ser más intensa para las zonas más despobladas.
