Podemos Aragón ha presentado 200 enmiendas a la Ley de Discapacidad. El diputado Raúl Gay ha destacado que de esta forma se quiere convertir una propuesta “vacía” en una iniciativa puntera, innovadora y valiente que mejore de verdad la vida diaria de las personas con discapacidad. “Queremos que sea un proyecto de garantías y no un brindis al sol”, ha destacado Gay, que ha remarcado además que en la elaboración de las enmiendas han colaborado diferentes colectivos.
A continuación puedes consultar los objetivos principales que buscamos con las enmiendas presentadas.
1.- Transversalidad
Uno de los objetivos de esta ley es que sea transversal. Es lógico, ya una persona con discapacidad tiene relación con departamentos de empleo, sanidad, educación, etc. De ahí que propongamos la creación de una Dirección General de Discapacidad, dependiente de la Consejería de Presidencia y que esté ocupada por una persona con discapacidad. Será una forma de centralizar todos los trámites relacionados con la discapacidad.
2.- Principio de igualdad
El Tribunal Constitucional afirma que hay que tratar igual a los iguales y de forma desigual a quien es desigual. De ahí que se permita el trato desigual (discriminación positiva) en la discapacidad. Para garantizar este principio de igualdad, existen los ajustes razonables y las medidas de acción positiva. Los ajustes razonables son exigibles a las administraciones públicas y a particulares (una empresa ha de adaptar el puesto, un bar debe quitar un escalón a la entrada, etc.). Las medidas de acción positiva son exigibles a las administraciones públicas (facilitar el acceso a la función pública, impulsar beneficios fiscales para personas con discapacidad, etc.). La combinación de estas dos figuras pueden mejorar la vida de las personas con discapacidad y el trabajo de inspección ha de velar por el cumplimiento de estas figuras.
3.- Educación
El objetivo general de la educación, pero en particular en el alumnado con discapacidad, no debe ser solamente obtener ciertas notas u obtener ciertos conocimientos; ha de ser que desarrollen todo su potencial. Es imposible acatar la Convención y cerrarlos hoy mismo, tenemos que ser realistas. Pero sí es posible obedecer al espíritu de la Convención y establecer una hoja de ruta para construir un sistema educativo realmente inclusivo. Canadá es un ejemplo en este sentido. Se ha realizado de forma progresiva y se ha comprobado que es más económico tener un centro con alumnos con y sin discapacidad (sin separar por tipología o grado de discapacidad), que es más positivo para la autoestima del alumnado con discapacidad y más positivo para la socialización de todos los alumnos. El argumento de que pueden retrasar a la clase ya no vale; existe la figura del Técnico Superior en Integración Social, que ayuda al profesor a atender las necesidades del alumnado con discapacidad. Es necesario buscar un camino factible para la inclusión real y efectiva del alumnado con discapacidad. Sabiendo que es un horizonte, tenemos que caminar hacia allí.
4.- Empleo
La ONCE cifra en 36.000 las personas en Aragón con discapacidad en edad de trabajar, pero solo trabaja 1 de cada 3 y el paro se sitúa en más del 30%. Es necesario realizar medidas eficaces para que estas cifras cambien. Durante años se han dado subvenciones a las empresas, y ha servido de poco. Las cifras siguen igual. De ahí que hayamos propuesto la creación del mediador laboral, una figura que haga de intermediario entre las personas con discapacidad, las empresas y el sector público. Que asesore a las personas con discapacidad, que informe a las empresas, que les ayude a adaptar puestos de trabajo, etc. Una figura innovadora que ayudará a que exista menos paro.
El empleo público es una solución para muchas personas con discapacidad, pero los datos muestran que muy pocas plazas se cubren. En esta legislatura se han convocado 53 plazas para grupo C2, el más bajo de todos, y se han cubierto menos del 10%. No puede haber plazas vacías y personas en paro, en especial en las escalas más bajas. Ahora existen dos cupos: ordinario y para discapacidad. Pero en muchos casos los temarios son similares y los baremos de nota también. De poco sirve separar por cupos si una persona con discapacidad debe estudiar lo mismo y sacar la misma nota que una sin discapacidad. Si realmente queremos que haya más personas con discapacidad trabajando, son necesarias reformas; hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es inútil.
5.- Sanidad
La adquisición de una silla de ruedas o una prótesis no puede depender del dinero que cada uno tenga en el banco. El sistema actual de prestaciones ortoprotésicas es perjudicial: hay que adelantar el dinero y esperar a veces más de un año a que devuelvan una parte. ¿Imaginan que les da un infarto y deben pagar la operación antes de ser operados y esperar meses a que le devuelvan el dinero? Lo primero es entender que una silla de ruedas (por poner el ejemplo más representativo) no es una ayuda: es algo esencial para la vida.
Si de verdad consideramos que los productos de ortopedia son un derecho, son algo que permite vivir con dignidad, salir de casa, depender menos de otras personas, reducir el dolor o evitar enfermedades; si consideramos que la sanidad para las personas con discapacidad es un derecho, no puede gestionarse de esta manera. De ahí que todas las asociaciones, con el apoyo del colegio de ortopedas de Aragón, pidan un cambio de modelo para que el usuario no adelante dinero, sino que la administración pague directamente a las ortopedias; y ha de hacerlo en un plazo adecuado, para que estas ortopedias no se hundan en deudas porque la administración no les paga.
6.- Familia
Esta ley no tiene un título dedicado a la familia, pero las personas con discapacidad no están aisladas; es más, sin su familia están perdidas. Durante años, se ha dejado que las mujeres de la familia, casi siempre las mujeres, fueran las cuidadoras de las personas con discapacidad. Este es un momento perfecto para hacer justicia a todas esas mujeres y para ayudar a las familias que hoy o en un futuro tendrán una persona con discapacidad en su seno. Todos los estudios reflejan que una discapacidad empobrece a la familia. Lo hace por dos vías aumento de gastos (ortopedias, hospitales, adaptaciones de vivienda…) y reducción de ingresos (cuando han de dejar el trabajo o reducir jornada). Es necesario reducir al máximo esta desigualdad.
También hay que apoyar de otras formas —psicológicamente, laboralmente, administrativamente— a las familias. Lo que me han transmitido madres y padres de personas con discapacidad es la absoluta soledad en que se encuentran cuando tienen un hijo o hija con discapacidad y las trabas burocráticas con las que se encuentran para que la persona con discapacidad disfrute de los derechos que Naciones Unidas le garantiza. Es imperativo quitar trabas burocráticas, facilitar todas las gestiones y no dedicar horas a pasear por diferentes ventanillas. En 2018, existe la posibilidad de tener una tarjeta de discapacidad que sirva para todo, como la tarjeta ciudadana de Zaragoza; aprovechemos las tecnologías para facilitar la vida de la gente.
Me permito copiar una publicación de la madre de un chico con discapacidad, para que quede claro a lo que nos referimos al hablar de trabas burocráticas:
Llevo un rato preparando documentación para un trámite en el IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) y acabo de comprobar estupefacta que me piden original o copia compulsada del certificado de discapacidad de mi hija. Sí, de ese certificado que emite el propio IASS. Me puede explicar alguien qué sentido tiene pedir que presentemos (encima compulsado) un documento que ellos mismos expiden???
7.- Asistencia personal
Una de las claves de esta ley es la asistencia personal, entendida como un derecho para que las personas con discapacidad puedan vivir la vida que desean, y no dependan de familiares o sean ingresados en residencias. La asistencia personal se basa en los principios de universalidad, gratuidad, pago directo y autonomía en la gestión del contrato.
En Europa existen programas de asistencia personal desde hace décadas. Es necesario para cumplir con los derechos humanos y, también, porque ayuda a crear empleos locales, a aflorar economía sumergida y es más barato que los gastos que conlleva una residencia.
