(Viernes 12 de mayo de 2017).- Podemos considera insuficiente el número de aulas privadas que se dejarán de financiar con dinero público, según ha comunicado hoy mediante resolución definitiva el Departamento de Educación. En opinión del diputado de la formación morada Carlos Gamarra, a la consejera “le ha temblado el pulso”.
De las 13 aulas que se preveía no renovar, el Departamento de educación tan solo ha seguido adelante con 7. “Si bien es cierto que, además de las anteriores, seis aulas más de otros colegios no se renovarán, según consta en esta resolución, los datos de escolarización demuestran que deberían haber sido varias más”, afirma Gamarra. De este modo, “el Gobierno PSOE-CHA va a permitir que reciban fondos públicos algunos centros privados que no han completado su oferta educativa”, agrega.
Gamarra asegura que “los datos de petición de plazas dan la razón a Podemos cuando decía que la sobreoferta de aulas respecto a la demanda escolar iba a generar distorsiones en el proceso de escolarización”. Además, señala que “esta situación se ha visto agravada por las medidas cautelares de los juzgados, de modo que incluso se han visto afectados algunos colegios concertados que de otra forma hubieran mantenido sus aulas”.
En cualquier caso, desde el partido morado se valoran las medidas como un tímido avance en defensa de la escuela pública y en la mejora de la planificación escolar que “sin Podemos empujando, no hubiera sido posible”. Fuentes del grupo parlamentario reiteran que “el respeto a la elección de los padres conjugado con una apropiada oferta educativa es la única forma de alcanzar un equilibrio adecuado entre los diferentes centros sin que se generen agravios”.
Por último, Podemos reitera que se deben financiar las aulas concertadas necesarias para asegurar una escolarización satisfactoria pero que, en cambio, se debe dejar de subvencionar aquellas aulas privadas que son redundantes y prescindibles -y, muchas veces, incompletas- mientras existan plazas suficientes en centros públicos cercanos. “La duplicación no justificada supone malgastar un dinero que debería invertirse en mejorar los propios recursos educativos”, concluye Gamarra.
