Hoy hemos pedido la dimisión del consejero de Acción Social y Familia por actuar en virtud de vínculos familiares y amiguismo en la adjudicación de convenios. Consideramos “muy grave” los hechos expuestos en la información del diario Público firmado por Eduardo Bayona en la que se da cuenta de la relación directa y familiar del Sr. Loren con «dos destacados empleados» de una ONG, a la que se le ha incrementado el presupuesto en los dos últimos años, y que este año goza de un convenio con partida propia de 50.000€.
“Nos parece de extrema gravedad el hecho de que la adjudicación de convenios en este Ayuntamiento se haga en virtud de vínculos familiares y amiguismos y nos resulta sospechoso que se incrementen las subvenciones con la misma entidad con la que se firma el citado convenio y otros anteriores», ha añadido la concejala portavoz del área, Amparo Bella. Este hecho es un ejemplo más del clientelismo y de las adjudicaciones a dedo a las que nos tiene acostumbradas el Partido Popular cada vez que llega al poder.
Bella ha calificado de “dudosa” la ética política de un cargo público del gobierno que “aprovecha su posición para el lucro propio y el de los suyos. Lamentablemente esta es la política que hace el PP, parasitar las instituciones para el beneficio propio. Es lo que lleva haciendo las últimas décadas”. “Una vergüenza”, ha añadido Bella, “pues los cargos públicos deberían ser pulcros y ejemplares en el ejercicio de su tarea política y pensar en el bien común”.
Dos años de deriva política del área de Acción Social
El hecho conocido hoy por el diario Público es el último de una lista que han venido sucediendo en los dos últimos años del gobierno del PP y Ciudadanos, reflejo de la “deriva política del área de Acción Social y Familia”.
En estos dos años, este consejero y, por extensión, el gobierno del PP y Ciudadanos “se han plegado a las exigencias de Vox, asumiendo las posiciones negacionistas de la violencia de género con las que parecen sentirse muy cómodos”, favoreciendo a entidades con un claro sesgo antiabortista y contra los derechos de las mujeres, como es el caso de la Red Madre.
No hay que olvidar tampoco que “se han limitado la posibilidad de solicitar ayudas de urgencia al alquiler y a los suministros básicos, en plena pandemia por la Covid, practicando una política asistencialista en materia de derechos sociales”, ha recordado Bella. Al mismo tiempo que se opta por privatizaciones en los servicios esenciales, como es el acceso a los Servicios Sociales, con la línea 900, “yendo en contra del criterio del propio Colegio de Trabajo Social, de los y las trabajadoras de los centros, y contraviniendo al propio Justicia de Aragón que ayer mismo puso en duda que la línea 900 cumpla con la ley de servicios sociales pues el servicio de la información, valoración y orientación de servicios sociales debe ser de gestión directa y ejercida por los profesionales públicos”.
