En esta octava sesión de la Comisión de Investigación del PASD comparece el diputado de Unidos Podemos en el Congreso Pedro Arrojo. En el año 2013, como presidente de la Red de Agua Pública de Aragón, Pedro Arrojo coordinó al equipo técnico que elaboró un memorándum que se remitió al Banco Europeo de Inversiones (BEI) alertando de las irregularidades del Plan de Saneamiento.
Como es sabido, en 2009 el IAA promovió convenios para que los Ayuntamientos delegaran la construcción y explotación de sus depuradoras, pero les dejó la responsabilidad del vertido. Se argumentó que los ayuntamientos no tenían capacidad financiera pero:
- Se ocultaron los 169 millones de euros del Convenio DGA-Ministerio;
- Se eludió apoyar a los ayuntamientos desde DGA y diputaciones provinciales, como en otras CCAA;
- Se secuestró el manual de recomendaciones del CEDEX para pequeñas poblaciones;
- Se presionó y se amenazó a los alcaldes que no querían ceder competencias.
Para pagar a las empresas adjudicatarias se estableció el Canon de Saneamiento que debe pagar todo el mundo, pero que no cubre a todo el mundo; en concreto no cubre a los ayuntamientos que no ceden competencias.
Se aceleró la licitación de depuradoras (en el Pirineo) en 2008, para que los vecinos empezaran a pagar, aún sin tener depuradora, sabiéndose, tras la quiebra de Lehman Brothers y la explosión de la burbuja, que los bancos se retiraban de sus compromisos financieros. Hubo licitaciones incluso sin la necesaria cesión de competencias.
Desde la estrategia asumida surgieron sobrecostes injustificables y sospechosos:
- Se diseñaron depuradoras costosas en núcleos deshabitados. Por ejemplo, se proyectaron depuradoras por 1 millón de euros para 8 núcleos deshabitados de Jaca, y por 9,5 millones para los otros 27 núcleos, con un total de 900 habitantes.
- Se sobreestimaron los habitantes equivalentes (sin la recogida de datos que exige el Real Decreto–Ley de adaptación de la Directiva de Aguas Residuales). En el Pirineo, con 53.000 habitantes censados, se asignan 152.967 habitantes equivalentes, con un coeficiente de 2,9 que triplica el censo, como en una ciudad industrial de Holanda.
- Se sobredimensionaron las plantas, con rendimientos entre el 30% de Calamocha y el 10% de Zuera (10 veces mayor de lo necesario).
- Se sobre-tecnificaron, eludiendo las recomendaciones del CEDEX, con sobrecostes de inversión del 1000 % y de gestión del 1500 %.
Sobre la base del Convenio Ministerio-DGA, llegaron 140 millones de euros, con destino finalista en las depuradoras del Pirineo, por ser “obras de interés general del Estado”; pero se desviaron a otras obras, como 23,8 millones para plantas de purines, que nunca funcionaron.
En conclusión, las irregularidades, ilegalidades y sobrecostes se pueden sintetizar así:
- Aún con un coste de 0,75 €/m3 en Zaragoza, que supone la mitad de la población, y 60 depuradoras con financiación pública a fondo perdido en los principales municipios; el coste medio del saneamiento en Aragón es el más caro de España, 1,13 €/m3, por el coste de las depuradoras privatizadas por el IAA: 2,77 €/m3.
- El que los contratos incumplidos no se denuncien exigiendo daños y perjuicios en favor de los Ayuntamientos, induce graves sospechas.
- El que no se abran expedientes por las licitaciones irregulares, como en Sobrarbe y especialmente en Bielsa, y por las demás irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas, resulta incomprensible e induce por tanto también graves sospechas.
- La DGA debe asumir su responsabilidad y compensar la pérdida patrimonial de los ayuntamientos a los que estaban destinados los fondos del Convenio con el Ministerio.
- Los Convenios de Cesión de Competencias deben cargar la responsabilidad del vertido sobre la DGA, que gestiona el saneamiento, y que debería pagar el canon de vertido y las posibles multas.
- El no haber realizado la Evaluación Ambiental Estratégica, más allá de bloquear cualquier posible financiación europea, hace que el Plan de Saneamiento sea nulo de pleno derecho; por otro lado, se ha incumplido la exigencia legal de aplicar el análisis coste/eficacia, lo que habría abaratado mucho los costes.
- En los municipios que no cedieron competencias se atenta contra la autonomía municipal, en el ejercicio de sus competencias, al tiempo que se impone un triple pago en materia de saneamiento: canon de vertido (CHE), tasa de saneamiento (Ayto) e ICA (DGA). El recurso ante el Constitucional se admitió a trámite.
Para Pedro Arrojo estamos ante clamorosas irregularidades que no pueden calificarse de ERRORES aislados, sino que son irregularidades sistemáticas que apuntan serios indicios de corrupción, que deberían ser investigadas de oficio, y sobre las que se perfilan evidentes responsabilidades políticas.
