Desde Podemos Aragón denunciamos los incumplimientos y las modificaciones que el Gobierno de Lambán está llevando a cabo en materia de bomberos y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, con agosticidad y alevosía, jugando con la seguridad de patrimonio y personas e incumpliendo la legalidad y los acuerdos alcanzados con Podemos para que Aragón cuente con unos servicios esenciales dignos y eficientes. Lambán no cumple.
Hoy hemos denunciado en una rueda de prensa el desmantelamiento y el incumplimiento generalizado en materia de bomberos y del servicio de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Lambán.
Es un despropósito la modificación de crédito llevada a la Comisión de Hacienda para desviar el dinero que Podemos Aragón pactó con el Gobierno de Lambán para la contratación de bomberos profesionales a la compra de unos camiones innecesarios y que no cuentan con los profesionales para conducirlos.
Además, el Gobierno de Aragón ha aprobado un Decreto que elimina el tiempo máximo de intervención de 35 minutos. Una maniobra por la cual la ciudadanía queda más desprotegida, especialmente en el mundo rural y la administración se exime de su responsabilidad en caso de que no se llegue a tiempo.
Es inadmisible que el PSOE de Lambán anteponga cubrirse las espaldas a la seguridad de la ciudadanía.
Destacamos también por su gravedad el incumplimiento por parte de la Diputación Provincial de Huesca con la creación y la asunción del servicio de bomberos, un servicio esencial al que está obligado por Ley en sentencia firme desde hace 9 meses. Todo esto queda ratificado, por si fuera poco, por la posterior sentencia del TSJA.
Mientras las provincias de Zaragoza y Teruel cuentan con un servicio profesional de prevención y extinción de incendios, la provincia de Huesca sigue sin tener el suyo. Que el Altoaragón no tenga un servicio de bomberos profesional y propio es consecuencia de la falta de voluntad política de los gobiernos del bipartidismo. Aragón es un territorio despoblado, disperso y desequilibrado, un Aragón del siglo XXI no puede generar categorías de ciudadanos en función de dónde vivan. No podemos permitir que un ciudadano de Monzón tenga menos probabilidades de sobrevivir a un accidente que un ciudadano de Zaragoza.
El pasado viernes 20 de julio acudimos también al puesto de vigilancia en Loarre para conocer la situación de primera mano y señalar cómo desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad vuelven a actuar mal y tarde, retrasando en exceso las contrataciones e incumpliendo también lo acordado.
Los vigilantes antiincendios tendrían que estar contratados durante 7 meses, sin embargo, en la actualidad la mayoría están siendo contratados durante sólo 3 meses. Una vez más, a costa de la seguridad del patrimonio y la gente de Aragón.
