“Aragón se encuentra a la cabeza de las comunidades autónomas en materia de protección del medio natural gracias al aumento de la partida presupuestaria y a la ampliación a 12 meses del periodo de trabajo de los bomberos forestales”, ha destacado el director general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Diego Bayona.
Así, por primera vez en su historia, desde el pasado 1 de enero las cuadrillas forestales trabajan desplegadas en los montes de la Comunidad realizando diferentes tareas de prevención. Se cumple así uno de los empeños de Podemos desde que apareció en las instituciones aragonesas, allá por 2015, cuando comenzó su lucha por mejorar las condiciones y los medios del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
Un objetivo defendido primero desde la oposición, que devino más tarde en compromiso político una vez que Podemos Aragón entró a formar parte del Ejecutivo autonómico y que ahora se concreta en un presupuesto que se ha visto multiplicado por dos y un periodo de trabajo que cubre también los meses de invierno. Porque los incendios también se apagan en invierno.
Por un lado, el incremento de la dotación presupuestaria de la Dirección General ha permitido introducir mejoras tanto en la contratación, como en los medios materiales, con el cambio de equipación, la adquisición de autobombas y ‘pick ups’ para los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APNs) y la mejora de los centros de operaciones como principales avances, además de la creación de una logomarca que ya identifica al nuevo operativo profesionalizado.
Y, por otro, desde la consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, dirigida por la también podemita Maru Díaz, se ha ejecutado una nueva Red de Emergencias que permitirá mejorar la coordinación entre los diferentes cuerpos de emergencias, lo que supone el mayor avance en años en las comunicaciones aragonesas.
Se trata por tanto de un verdadero paso adelante en materia de seguridad el dado por Aragón en este recién inaugurado 2023, tras los devastadores incendios que sufrió España el pasado año, el peor a nivel nacional desde que hay datos. Durante ese periodo, más de medio millar de fuegos arrasaron unas 306.000 hectáreas, algo más de 3.000 kilómetros cuadrados, según los datos recogidos por el sistema europeo de información sobre incendios. En Aragón, el fuego afectó a más de 22.000 hectáreas y la peor parte se la llevaron las zonas de Ateca y Añón de Moncayo.
“Conviene hacer hincapié en que el riesgo cero no existe y que seguimos expuestos a sufrir nuevas emergencias en cualquier época del año porque realmente son inevitables, pero lo cierto es que el fortalecimiento y la mejor dotación año a año de unos medios de extinción y prevención que por fin trabajan todo el año, junto a la imprescindible gestión forestal, en la que hemos dado un paso decisivo con la aprobación del primer Plan de Gestión Forestal de Aragón, elevan la seguridad del territorio ante cualquier eventualidad”, ha subrayado Bayona.
Un riesgo más que evidente a tenor del contexto de crisis climática en el que nos encontramos, con una temperatura media que sigue subiendo (2022 fue el año más caluroso desde que se recogen datos, según AEMET) y que contribuye a acelerar el proceso de desertificación del terreno.
La concienciación de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón contrasta con la desatención que vienen denunciando los sindicatos de los bomberos forestales de Castilla y León, comunidad gobernada por la coalición PP-Vox y que el pasado verano sufrió los incendios más devastadores del país, con cuatro personas fallecidas y casi 100.000 hectáreas arrasadas.
Pese al anuncio realizado por la región vecina de que elevaría su presupuesto para la prevención y lucha contra el fuego en 22 millones de euros, lo cierto es que sus bomberos forestales vienen denunciando que no existe ningún plan de preparación ni de programa invernal de tareas preventivas y que las inversiones y los contratos prometidos no llegan.
Una actitud que no hace sino aumentar la indignación de unos profesionales que el pasado verano vieron cómo su Ejecutivo, en plena ola de calor, mantuvo el nivel medio de riesgo y, por tanto, no movilizó todos sus recursos para unos incendios descontrolados. Estos incendios, al contrario de lo que sucedió en Aragón, sí llegaron a afectar a zonas habitadas.
Las mayores críticas se las lleva el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien en 2018 veía “absurdo” y “un despilfarro” mantener las cuadrillas completas los 12 meses del año. Por ahora, esta Comunidad mantiene en régimen de subcontratación a la mayoría de sus 4.500 profesionales dedicados a jugarse la vida luchando contra el fuego, muchos de los cuales residen en zonas rurales y su presencia contribuye a asentar la población en el territorio.
Precisamente, para dignificar esta figura profesional, Podemos impulsa desde hace tiempo en el Congreso de los Diputados el desarrollo del Estatuto del Bombero Forestal, texto que permitirá establecer unas bases sobre su desempeño, derechos y categoría profesional. Unos trabajos en los que Podemos Aragón y, concretamente su secretario de organización, Andoni Corrales, ha contribuido de manera determinante.