El Gobierno de coalición ha alcanzado un acuerdo, en el marco del diálogo social, para extender los ERTE hasta el 30 de junio, más allá de estado de alarma. Este acuerdo permitirá seguir protegiendo el empleo a la vez que se incentiva la vuelta a las condiciones laborales previas a esta situación.
Estamos ante un acuerdo equilibrado entre el Gobierno y los agentes sociales, sindicatos y patronal. Atravesamos tiempos complicados en los que es imprescindible caminar juntas y en los que el interés general debe estar por encima del interés de parte.
Este acuerdo, que permite que los ERTE se extiendan más allá del estado de alarma, pondera la protección social con la incorporación paulatina a la actividad económica y laboral, desde la óptica de no dejar a nadie atrás.
El objetivo sigue siendo mantener el empleo y los puestos de trabajo. Frente a los despidos masivos que provocó la reforma laboral del PP, el Gobierno de coalición apuesta por proteger y mantener el empleo en tiempos de dificultades.
Este mismo acuerdo también recoge una cláusula que prohíbe que puedan acogerse a los ERTE las empresas que tengan su sede fiscal en paraísos fiscales.
Las ayudas públicas deben ir destinadas a los colectivos y empresas que tributan en nuestro país, y no a quienes se pagan y se llevan sus beneficios fuera.
Las empresas que se acojan a estos beneficios no podrán repartir dividendos en este ejercicio fiscal, salvo que devuelven las cuotas a la Seguridad Social. Sólo podrán hacerlo las empresas con menos de 50 trabajadores.
El Gobierno incentiva la vuelta a las condiciones de trabajo normales. Las empresas que saquen de forma paulatina a sus trabajadores de los ERTE podrán acceder a bonificaciones.
Las empresas con menos de 50 trabajadores que hayan recurrido a un ERTE por fuerza mayor entre marzo y abril tendrán una reducción de cuotas en relación a los trabajadores afectados del 100% y el 75% de los empleados en el caso de las empresas con más de 50.
