Podemos Zaragoza hemos registrado una moción conjunta con Zaragoza en Común, de la mano del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, para solicitar en el pleno una regulación de los alquileres en la ciudad, impidiendo así precios abusivos en los contratos de arrendamiento mediante mecanismos de control de estos.
De esta forma, hemos solicitado al Gobierno de la ciudad a llevar a cabo cuantas acciones de coordinación sean necesarias con el Gobierno de Aragón para garantizar el derecho a una alternativa habitacional de las personas o unidades familiares vulnerables que se enfrenten a un proceso de desahucio, así como la paralización de los lanzamientos en la vivienda de alquiler municipal en situaciones de vulnerabilidad.
Al Gobierno de España se le pide aprobar una Ley estatal de Vivienda, que permita su desarrollo en el marco las competencias de las comunidades autónomas y municipios, que blinde la función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el derecho a una vivienda digna (recogido en el artículo 47 de la Constitución Española), incluyendo el acceso a los suministros básicos.
El portavoz del grupo de Podemos en el Ayuntamiento, Fernando Rivarés ha señalado que, si bien “el decreto antidesahucios del Gobierno de Coalición representa un avance, hay que seguir dando pasos. Y el próximo debe ser la regulación de precios de los alquileres. Instar al Gobierno de España a regular el mercado del alquiler es la mejor manera para garantizar un acceso justo para todas. Lo demanda la gente, la sociedad civil, y el PSOE no puede mirar para otro lado”.
Con respecto a las otras dos administraciones que se insta en la moción, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, Rivarés ha remarcado la necesidad de que ambas comiencen a colaborar y coordinarse para desarrollar medidas que garanticen una alternativa habitacional en cumplimiento de la Ley 10/16 y que esta alternativa llegue antes de que se vaya a producir el desahucio. Respecto a Zaragoza Vivienda, el portavoz de Podemos ha insistido en que “una sociedad pública como Zaragoza Vivienda, que gestiona vivienda social, tiene que dejar de desahuciar” en cumplimiento de la ley aragonesa 10/16.
Con esta propuesta de regulación, pretendemos que se promuevan bajadas de precios en los alquileres, tanto en contratos en vigor como en futuros, que se garantice un alquiler estable, seguro y asequible, aumentando el parque público de vivienda en alquiler social.
También hemos solicitado al gobierno municipal la adopción de mecanismos para la cesión de vivienda vacía en manos de grandes tenedores de vivienda a las administraciones públicas. También, la realización de un estudio sobre la situación de alquiler de vivienda en Zaragoza que permita obtener datos más detallados por barrios y tipología de vivienda, para el diseño de las políticas públicas de vivienda municipal de alquiler.
Desde el Sindicato de Inquilinas, su portavoz Javier Vadillo ha insistido en la necesidad de garantizar una alternativa habitacional, puesto que “hay una clara intención por no facilitar el proceso”, dado que “la realidad es que este mes había fecha para cuatro lanzamientos”, que finalmente han sido paralizados por la presión popular. En este sentido, ha defendido el papel en la calle, “que está funcionando” pero “no podemos pretender que sea la propia movilización ciudadana la que garantice un derecho fundamental recogido en la Constitución”. Vadillo también ha señalado que, si bien la regulación de precios es una parte fundamental para atajar el problema, “no es la solución definitiva”, porque el acceso al alquiler “es un derecho fundamental independientemente de la situación de las familias y debe ser justo e igualitario para todas las unidades familiares”, algo que “actualmente no está sucediendo”.
El portavoz del sindicato ha defendido que para que esta regulación de los precios sea “rápida”, es necesario que el Ayuntamiento realice estudios sobre la situación “real y concreta” en la ciudad, por barrios, tipo de vivienda y tipología de propietario.
