El pasado 27 de julio, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto-ley 7/2018, que regulaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Para hacer realidad ese decreto en Aragón, el pasado mes de noviembre el Departamento de Sanidad de la consejera Pilar Ventura dictó una normativa. Sin embargo, esta norma, lejos de asegurar el acceso universal a la sanidad, lo restringe.
Dicho posicionamiento del Ejecutivo socialista se traduce en la exigencia de una antigüedad de tres meses en el padrón municipal para acceder al Sistema Sanitario Público de Aragón, así como en la exclusión de familiares con permiso de residencia por reagrupación familiar, concretamente ascendientes, y personas de la Unión Europea que no puedan acreditar la no exportación del derecho a la asistencia sanitaria, situación que ocurre lamentablemente en todo el estado español, lo cual supone el cierre y vulneración de derechos básicos a las personas migrantes.
Han sido sucesivas las ocasiones en las que, haciéndonos eco de las denuncias hechas públicas por la sociedad civil implicada en la defensa de los derechos humanos como por ejemplo la Plataforma Salud Universal, hemos reclamado al Ejecutivo aragonés la recuperación del acceso sanitario de carácter universal sin ningún tipo de excepción.
Ya en 2015, con la finalidad de poder revertir los recortes del Partido Popular de Luisa Fernanda Rudi y en un acuerdo puntual de investidura, solicitamos en el documento conocido como “Decálogo de investidura” la recuperación de la sanidad universal. Además de ésta, han sido múltiples las acciones o iniciativas políticas, tanto dentro como fuera de la institución aragonesa a lo largo de los últimos cuatro años, las realizadas para poder lograr una cuestión que consideramos básica e imprescindible.
Transcurrido un tiempo donde de la mano de diferentes organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado en repetidas ocasiones dicha situación, seguimos considerando que el Gobierno de Aragón no está actuando con la diligencia y responsabilidad que tal tema requiere. Y ante la falta de acción del Gobierno de Aragón para revertir la situación, desde Podemos Aragón consideramos que:
- El Gobierno del Presidente Lambán vulnera el artículo 14 de nuestro Estatuto de Autonomía donde al hablar de los “Derechos de la Salud” se apela a que “todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad, y los usuarios del sistema público de salud tienen derecho a la libre elección de médico y centro sanitario, en los términos que establecen las leyes”. Del mismo modo ignora la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- Se trata de una necesidad de primer nivel y por ello el Gobierno de Aragón debería poner todas sus fuerzas para recuperar este derecho de forma completa.
Exigimos por lo tanto al Gobierno de Aragón que se garantice el acceso gratuito y universal a todas las prestaciones de la sanidad pública y a la cobertura farmacéutica, en igualdad de condiciones, de todos los ciudadanos, sea cual sea su procedencia o situación jurídica, según criterios éticos, económicos y de eficiencia. También pedimos que se articulen las medidas necesarias en nuestra Comunidad Autónoma para que todas las personas tengan derecho a la tarjeta sanitaria.
