«El tripartito de la Plaza de Colón sigue prometiendo el Trasvase del Ebro. Eso es algo que en Unidas Podemos no vamos a permitir que suceda. Defendemos una Nueva Cultura del Agua que permita la gestión más eficiente y democrática, sobre todo, teniendo en cuenta el escenario de Cambio Climático en que nos encontramos». Así se ha expresado esta mañana la candidata al Senado por Zaragoza, Yolanda Sancho, que ha participado en la Marcha del Ebro.
Proponemos:
Una Nueva Cultura del Agua, con un gobierno eficiente y moderno del agua a partir de la gestión de su demanda, que resulta la única estrategia eficaz para mitigar los efectos del Cambio Climático con frecuentes y grandes sequías y crecidas, al tiempo que sirve para construir un sector agropecuario puntero
Abandonar la política de grandes embalses y avanzar hacia una gestión inteligente, eficiente y ecológica del agua
Prohibir la mercantilización del agua. La compraventa de derechos concesionales es la manera moderna de convertir un derecho humano como el agua en un producto financiero.
Recuperar para lo público y con la máxima transparencia toda la gestión del agua en una legislatura. Esto incluiría la reversión y paralización de las privatizaciones del suministro, el riego, el saneamiento y la depuración de aguas, que impedirá a partir de ahora las irregularidades que se produjeron en Aragón con el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración
El Agua debe ser garantizada por ley como derecho humano y ciudadano. Garantizaremos los suministros básicos de forma que no se podrá cortar el agua a las viviendas habituales que tengan problemas de impago por encontrarse en una situación de vulnerabilidad.
La recuperación de la gestión del agua como bien público, nos permitirá hacerlo.
MEDIDAS PROGRAMA 28A
- Recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Esto permite complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles, proteger la salud ecológica de nuestros ríos y garantizar el riego, el control de las crecidas y el suministro de agua potable sin que interfieran intereses económicos espurios, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial de nuestro país. La empresa pública de energía asumirá la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando.
- Prohibir la mercantilización del agua. La compraventa de derechos concesionales es la manera moderna de convertir un derecho humano como el agua en un producto financiero.Por eso impediremos por ley el tráfico con este bien común, vinculado a las grandes obras del agua que solo benefician a las grandes constructoras y a los fondos de inversión.
- Recuperar para lo público y con la máxima transparencia toda la gestión del agua en una legislatura. Esto incluiría la reversión y paralización de las privatizaciones del suministro, el riego, el saneamiento y la depuración de aguas y haría inviables escándalos como los del caso Lezo o Acuamed.
- Abandonar la política de grandes embalses y avanzar hacia una gestión inteligente, eficiente y ecológica del agua. El viejo modelo franquista de pantanos y obras faraónicas que han hundido y obligado a abandonar tantos pueblos se sustituirá de forma definitiva por una nueva cultura del agua, con un gobierno eficiente y moderno del agua a partir de la gestión de su demanda, que resulta la única estrategia eficaz para mitigar episodios extremos y cada vez más frecuentes, como sequías y crecidas, al tiempo que sirve para construir un sector agropecuario puntero.
- Suministros básicos garantizados. Con las reformas estructurales del sistema eléctrico, se bajará el precio de la factura de la luz, pero también se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza sobrevenida. Estas protecciones, que se activarán de manera automática cuando exista situación de vulnerabilidad, durarán un año y se extenderán mientras persista la situación de vulnerabilidad.
