“Estaremos vigilantes para que sectores que prestan un servicio fundamental no se vean atacados por el libre mercado”. Así lo ha señalado la candidata de Podemos-Equo al Gobierno de Aragón, Maru Díaz, en la reunión que ha mantenido esta mañana junto con el candidato de Unidas Podemos al Congreso por Zaragoza, Pablo Echenique, con dos de los múltiples colectivos que están sufriendo precariedad laboral: taxistas y funcionarios de prisiones.
En cuanto al taxi, Echenique ha recordado que este sector da de comer a más de 100.000 familias en España, de las cuales más de 2.000 son aragonesas: “Es un servicio público y queremos evitar que pase en Zaragoza lo que está pasando en ciudades como Madrid o Barcelona, en las que se está poniendo en peligro el modo de vida de miles de familias trabajadoras”. El programa electoral de Unidas Podemos recoge que las VTC tienen que contratarse con dos horas de antelación.
Por su parte, Díaz ha incidido en que “cuando una persona invierte en una forma de vida, no puede ser que a mitad de la partida se le cambien las reglas del juego, no solo porque los taxistas prestan un servicio que es un derecho, también porque a la gente hay que darle garantías de futuro”.
La primera puerta para acabar con los servicios públicos, ha continuado Díaz, “es la precarización”. “Desde Podemos estamos defendiendo la precariedad en sectores en los que pensábamos que no iba a llegar, y uno de ellos son los funcionarios de prisiones. En Aragón son más de 400 trabajadores que, además, ayudan a la reinserción, que recordamos que es un derecho constitucional”, ha añadido.
“No pensábamos que la precariedad iba a llegar a esos extremos, como tampoco pensábamos que llegaría al Ejército o a la Guardia Civil, a esos sectores que los patriotas de hojalata defienden tanto pero que a la hora de la verdad han demostrado que son capaces de defender los derechos laborales de los trabajadores”, ha sentenciado Díaz.
Echenique también ha exigido que no se paguen diferentes salarios por hacer el mismo trabajo y que se cubran las plantillas porque “no puede ser que falten 85 personas para que la plantilla de la cárcel de Zuera tenga un número apropiado de funcionarios”. Además, considera que los trabajadores también deben tener los materiales y la formación adecuada “para garantizar tanto su propia seguridad como un servicio de calidad”.
