Los movimientos sociales y personas reunidos estos días en el Encuentro del Agua han concluido y declarado:
- La prioridad de garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento como un Derecho Humano, desarrollando nuevos modelos de gestión pública participativa, como los que ya promueven, de hecho, un número creciente de Ayuntamientos en nuestro país.
- La viabilidad, desde la referencia de casos concretos como Valladolid, de la remunicipalización de los servicios de agua y saneamiento allí donde fueron privatizados.
- Nuestra denuncia del encarecimiento de los servicios de saneamiento y la quiebra de la autonomía municipal que han supuesto las estrategias de privatización impuestas a nivel autonómico, en determinadas Comunidades, en contraste con otros modelos exitosos, desde la gestión pública.
- La evidencia empírica que vincula determinados procesos de privatización con problemas de corrupción, al transformar estos servicios públicos en simples negocios privados.
- La irracionalidad que supone afrontar la reducción drástica de caudales que impone el cambio climático, con nuevas grandes presas, como pretendida solución a los problemas de escasez derivados del cambio climático: presas no faltan en sequía, lo que falta es agua.
- La inexistencia de cuencas “excedentarias” en las perspectivas vigentes de cambio climático y la insensatez que supone promover estrategias trasvasistas para paliar las sequías, en la medida que éstas son regionales y no locales.
- La urgente necesidad de acabar con la sobreexplotación de ríos y acuíferos, garantizando los caudales ecológicos que exige la Directiva Marco de Aguas, y acabando con los cientos de miles de pozos ilegales, de forma que nuestros acuíferos puedan ser piezas estratégicas en la gestión de las sequías.
- Nuestra denuncia de la mercantilización del agua, impuesta por sucesivos cambios legislativos, como base de la nueva estrategia trasvasista en curso, haciendo que el agua deje de ser un bien público para pasar a ser una mercancía.
- La necesidad de desarrollar una Reforma de la Ley de Aguas que garantice una trasposición efectiva de la Directiva Marco de Aguas y que permita minimizar nuestra vulnerabilidad frente a los crecientes riesgos de sequía y crecidas que se derivan del cambio climático.
- Las políticas mercantililistas y privatizadoras del agua, presididas por los intereses de los grandes productores agroganaderos, especuladores urbanísticos, operadores multinacionales y grandes compañías hidroeléctricas, generan graves impactos sociales sobre los más vulnerables, tanto en explotaciones familiares agro-ganaderas, como sobre la ciudadanía en general, que hay que afrontar de forma decidida.
- Debemos promover nuevos modelos de producción de alimentos de calidad y mercados de cercanía, desde políticas que protejan la explotación familiar, la soberanía alimentaria y prácticas sostenibles socialmente justas, frente a los modelos dominantes de producción y comercialización de alimentos que hoy generan perspectivas de insostenibilidad ambiental y social aceleradas por el cambio climático.
- Promover un ACUERDO SOCIAL del AGUA, frente al CAMBIO CLIMÁTICO, a firmar por partidos políticos, movimientos, sindicatos y asociaciones ciudadanas, que promueva los profundos cambios necesarios, tanto en la planificación y gestión de las aguas, como en la gestión de los servicios de agua y saneamiento, para afrontar el cambio climático en coherencia con la Directiva Marco de Aguas y garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento que exige NNUU.
Con el fin de elaborar el texto de este ACUERDO SOCIAL del AGUA, se acuerda un borrador de contenidos a debate y se fija un plazo de 4 meses para debatir, negociar y perfilar el texto final
