Hace casi un año, el Gobierno de Lambán se mostraba triunfante con la compra de Opel por parte de PSA. Ya entonces desde Podemos Aragón advertimos al presidente que la nueva empresa compradora acarreaba un largo historial de cierres de plantas, de recortes laborales y salariales, por lo que era imprescindible que los poderes públicos se pusieran del lado de la plantilla y del sector, llevando a la empresa al clima de diálogo que había funcionado aceptablemente durante 35 años.
Desde noviembre, parte de nuestro peores presagios han empezado a manifestarse a raíz de la negociación del convenio colectivo. En este proceso, PSA ha optado por una posición de fuerza para doblegar a la plantilla, con la suspensión de los contratos de relevo y una oferta de condiciones laborales (reducción del 6% de salario) que son, a todos los efectos, una infravaloración a la plantilla que sostiene la empresa. El comité de empresa ha sido claro en cuanto a las condiciones para mantener un mínimo de dignidad y futuro para la planta ante lo que la empresa ha decidido aprovechar su posición de fuerza y anunciar la posible pérdida del Corsa.
Ante esta amenaza por parte de PSA es fundamental que el Gobierno entre a favorecer la negociación y no muestre equidistancia entre empresa y trabajadores. Porque no se puede ser equidistante cuando el futuro de más de 5.000 familias está en juego. Y sobre todo, no se puede ser equidistante cuando hablamos de una empresa que ha recibido millones de euros en ayudas del bolsillo de todos y todas las aragonesas. No menos de 25 millones de euros en ayudas directas e indirectas por parte de sucesivos gobiernos, los propios terrenos donde se instala son una cesión a 75 años del Estado, unos terrenos estimados en 5 millones de euros. Por no contar las ayudas a través de I+D+I o el plan de formación con el Gobierno de Aragón de 4 años que suponía el relevo del 25% de la plantilla.
Con la convocatoria de espacios de encuentro que ha servido para retomar la negociación, el Gobierno llega un año tarde al papel que tendría que haber ejercido desde la compra de Opel por PSA. De cualquier forma, bienvenidos sean si se realizan teniendo en mente, por parte del Gobierno, que muchas familias y trabajadores miran con incertidumbre no solo el futuro de Opel, sino su efecto de arrastre sobre las 25.000 familias que dependen de la automoción en Aragón. Un sector estratégico y que hoy por hoy representa el 6% de una economía de Aragón que en los últimos años no ha sabido diversificar para no ser tan dependiente del automóvil y de una única multinacional, que no tiene en cuenta las lógicas de beneficios para nuestra tierra.
Así mismo, desde Podemos Aragón hemos insistido y lo seguiremos haciendo en que hay que ponerse del lado de los intereses de Aragón, de los trabajadores y las miles de familias que están detrás para conseguir que la empresa se siente a negociar un futuro digno para OPEL. Se ha conseguido en el pasado y se puede volver a hacer.
