(Zaragoza, jueves 25 de febrero de 2015).- La diputada de Podemos Aragón Amparo Bella ha aclarado que el sentido de sus palabras en la comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales que se celebró ayer en las Cortes de Aragón era “ejemplificar” que “ninguna víctima de violencia es culpable de sufrir esa violencia”.
La diputada se refería así a las declaraciones del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, quien “culpabilizó a la última víctima mortal de violencia machista por no avisar de que podría ser asesinada”, motivo por el que varios grupos políticos y organizaciones feministas han pedido su dimisión.
“Nadie en su sano juicio habría sugerido jamás que una víctima de terrorismo debería haber estado más atenta para no sufrir la injusta y grave situación de violencia a la que fue sometida. Esa misma sensibilidad es la que toca aplicar ahora para acabar con un gravísimo problema social. En 2015, 64 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas sentimentales -número que llega a 109 si consideramos también otros tipos de violencias machistas- y en 2016 ya vamos por 18”, ha explicado Bella.
“Si alguien se ha sentido herido por la forma de expresarlo, solo puedo pedir disculpas”, ha agregado. El grupo parlamentario de Podemos Aragón ha remitido una carta privada a la Asociación Miguel Ángel Blanco en la que se expresa “el máximo respeto a las víctimas y al sufrimiento de las familias que vivís sin cura sus ausencias” y se explica que “se buscaba, de forma seguramente poco acertada, que como sociedad aprendamos a llorar también estos otros asesinatos”.
Soraya, asesinada recientemente por su expareja sentimental en el barrio zaragozano de Miralbueno, había denunciado amenazas ante las autoridades del Estado y se aplicaban sobre su caso los mecanismos oficiales de protección, que no fueron suficientemente eficaces para evitar el ataque mortal.
“Insistimos en que la violencia machista es una sangría que mata y que no cesa y, por tanto, se debe abordar como cuestión de Estado con la determinación que merece, lo que implica responsabilizarnos desde las instituciones para poner todos los recursos necesarios y proteger de forma efectiva la vida de las mujeres amenazadas”, ha enfatizado la diputada.
