El candidato de Unidas Podemos al Congreso por Zaragoza, Pablo Echenique, se ha reunido con la asociación de trabajadores autónomos UPTA donde les ha trasladado el compromiso de Unidas Podemos con este colectivo y explicar alguna de las medidas que llevamos en el programa electoral. Son estas:
FALSOS AUTÓNOMOS
- Es necesario un plan para detectar y evitar estas situaciones de fraude, que requiere por supuesto aumentar las inspecciones de trabajo, pero también otras medidas. Siempre que un autónomo tenga un único pagador, establecer la presunción de que se trata de una relación laboral por cuenta ajena.
- Establecer un régimen de sanciones económicas que sea realmente disuasorio para las empresas que sean descubiertas realizando este tipo de fraude. Una sanción a la empresa por cada persona que se encuentre en esta situación y considerarla una infracción muy grave (ahora mismo es “grave”).
- Proteger al falso autónomo. Asegurar su incorporación a la empresa con un contrato indefinido y su afiliación al régimen general de la seguridad social. Pero, además, asegurar la acumulación de los derechos que hubiera generado si no hubiera estado contratado en fraude de ley.
- Revisar la “tarifa plana” para evitar que conduzca a que muchos trabajadores sean forzados a darse de alta como falsos autónomos cobrando ingresos bajos de una misma empresa, cesando en su actividad en el momento en que han de pagar la cuota normal.
- Revisar la figura del TRADE. Como un primer paso, crear un registro en el que se inscriban automáticamente quienes se afilien a la seguridad social con esta modalidad, incluyendo también las empresas para las que prestan servicios.
CUOTAS JUSTAS
- El sistema actual, al establecer una base mínima de cotización igual para cualquier persona afiliada al RETA (modelo de cotización actual), obliga a autónomos que están en situación de pobreza a “cotizar por lo que no ganan”, agravando su situación económica. Por ello, lo más urgente es atender la situación de estas personas, que deben cotizar únicamente por los rendimientos que realmente obtengan.
EQUILIBRAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
- Es necesaria la recuperación de los salarios reales y del peso de los salarios en la renta, y para ello es necesario devolver a la negociación colectiva el equilibrio que perdió con la reforma laboral de 2012.
- Establecer la preeminencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa a la hora de reconocer derechos básicos.
- Modificar la regulación de las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos.
- Revisar profundamente las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
- Reconocer al grupo empresarial como unidad de negociación, agrupando a todas las empresas que, con un alto grado de dependencia sobre la empresa principal, participan en un mismo proceso productivo.
- Estableceremos además un nuevo régimen de vigencia y prórroga automática de los convenios colectivos, con el objetivo de no debilitar el poder contractual de la representación de los trabajadores.
GARANTIZAR SMI JUSTO
- Gracias a la presión de nuestro grupo parlamentario, en 2019 se ha producido la mayor subida del SMI en décadas, hasta los 900 euros mensuales. A partir de aquí, el objetivo debe ser asegurar que se cumple en todo momento lo establecido en la Carta social Europea: que el SMI sea al menos 60% salario mediano.
- Recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Se volverá a fijar en dicha edad el acceso al subsidio, estableciendo el cómputo de rentas sobre la base de las de la persona beneficiaria y no de la unidad familiar, suprimiendo la obligación de tener que acceder a la jubilación anticipada cuando se percibe y volviendo a establecer en el 125% del SMI la base mínima de cotización a la Seguridad Social durante su percepción
Medidas que aparecen en el programa electoral 28A:
161. Establecer cuotas justas para las y los autónomos.
- En el modelo actual, hay un desajuste entre los ingresos realmente obtenidos por las personas que trabajan como autónomas y sus cotizaciones sociales, que perjudica, sobre todo, a las más precarias. No hay que olvidar que la tasa de pobreza entre las personas que trabajan como autónomas triplica en España la de quienes trabajan por cuenta ajena. Por ello, es urgente atender la situación de estas personas, que deben cotizar solo por los rendimientos que realmente obtengan y no con la desproporción actual
- Fin del fraude de las y los falsos autónomos.
- Se estima que son ya 225.000 personas las obligadas a trabajar para una empresa, pero pagándose sus cuotas. Como esto perjudica a los derechos de esas personas y priva de unos 600 millones al año a la Seguridad Social de todos y de todas, hay que darle la vuelta a esta situación. Se presumirá que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante. Al mismo tiempo, protegeremos a quien sufre el fraude —es decir, a la o el falso autónomo— y obligaremos a la empresa a incorporar a esa persona con un contrato indefinido y a abonar su afiliación a la Seguridad Social, así como otros derechos que hubiera generado si, desde el inicio de su relación laboral, hubiera estado contratada de manera legal. Además, iniciaremos una intensa campaña de inspecciones de trabajo, organizada a partir de las denuncias recibidas, con un régimen sancionador a la altura del fraude.
- Reconocer a las y los autónomos y a las pymes su condición de consumidores en sus relaciones con grandes corporaciones por servicios distintos al de su actividad principal.
- A la hora de relacionarse con el oligopolio eléctrico, bancario o de telecomunicaciones, pymes y autónomos y autónomas están tan desprotegidos como cualquier persona consumidora. Por eso, reconoceremos esta situación y adaptaremos el derecho de consumo a las pymes, incluyendo plazos máximos de pago por parte de las grandes empresas para que dejen de utilizar a pymes y a los trabajadores autónomos como medios para financiarse
- Compensar las lagunas de cotización.
- Extenderemos el derecho a completar el periodo mínimo para tener acceso a una pensión contributiva con las bases de periodos no cotizados que tienen otros trabajadores y trabajadoras a empleados y empleadas del hogar, autónomos y autónomas y trabajadoras y trabajadores agrarios, en lo que se conoce como «lagunas de cotización», que perjudican, principalmente, la trayectoria de las mujeres. También consideraremos periodo cotizado el empleado en el servicio militar obligatorio.
- Una segunda oportunidad para las personas con deudas.
- Ampliaremos la condición de consumidoras y consumidores a las trabajadoras y los trabajadores autónomos y a las pymes cuando se relacionen con grandes empresas y entidades financieras para la contratación de préstamos o créditos hipotecarios. Se aplicará un nuevo procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que tendrá una fase de conciliación, en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras. Esta propuesta podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones de deudas. En caso de que no haya acuerdo, será el juez o la jueza quien decida el plan de pagos. En el caso de deudoras y deudores hipotecarios, este procedimiento permitirá realizar una dación en pago, incluso retroactiva, que permitiría a quienes mantienen deudas vivas con el banco, a pesar de haber entregado ya la vivienda, cancelar de este modo la deuda restante. Así evitaremos que las deudas sean, en la práctica, a perpetuidad.
- Frenar la uberización de la economía.
- Garantizaremos un marco justo para la nueva economía con el fin de evitar que los buitres aprovechen la tecnología para llevarnos a un pasado sin derechos laborales en una economía uberizada. Para ello, consideraremos que las personas que dependan de esas plataformas son trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena; y, al mismo tiempo, crearemos unidades especiales para inspeccionar estos nuevos modelos de trabajo y, en especial, la utilización de falsos autónomos y el trabajo mediante horas extras sin cotizar. Asimismo, se creará una unidad dentro de la Agencia Tributaria especializada en controlar que estas empresas pagan en España los impuestos correspondientes a los beneficios que obtienen en nuestro país.
